Medellín, 11 de marzo de 2026 | Este miércoles 11 de marzo, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la suspensión provisional del Decreto 0182 de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, mediante el cual se proponía el traslado masivo de millones de usuarios entre distintas Entidades Promotoras de Salud (EPS) del país.

De acuerdo con el alto tribunal, la medida cautelar se adoptó mientras la justicia estudia una acción popular presentada por un ciudadano, quien advirtió sobre posibles afectaciones a los derechos colectivos de los afiliados al sistema de salud.

Según lo expuesto en la demanda, el decreto del Ministerio de Salud podría poner en riesgo el acceso oportuno a los servicios médicos y limitar la libre elección de la aseguradora por parte de los usuarios del sistema.

El demandante también solicitó que no se realicen traslados masivos de afiliados hacia la Nueva EPS, al menos mientras esta entidad no se encuentre intervenida por el Estado, argumentando preocupaciones sobre su capacidad operativa.

Alcance del Decreto 0182 de 2026

El Decreto 0182 de 2026 hace parte de las medidas del Gobierno Nacional para reorganizar el aseguramiento en salud con un enfoque territorial, estableciendo nuevas condiciones sobre qué EPS pueden operar en determinadas regiones del país.

En la práctica, la norma contemplaba el traslado de cerca de 6,5 millones de afiliados entre diferentes EPS. Una parte significativa de estos usuarios sería asignada a Nueva EPS, una de las aseguradoras más grandes del sistema, que actualmente enfrenta múltiples reclamos y demandas por la falta de entrega oportuna de medicamentos.

Según documentos oficiales, alrededor de 2,6 millones de usuarios podrían ser trasladados directamente a esta entidad, lo que generó preocupación entre distintos sectores por la capacidad de la EPS para asumir un incremento tan elevado de afiliados.

Preocupación de pacientes y organizaciones

Desde su anuncio, el decreto ha sido objeto de críticas, ya que en varios municipios del país reduciría el número de EPS disponibles, limitando así la posibilidad de que los ciudadanos elijan libremente su aseguradora.

Además, organizaciones de pacientes han advertido que la medida podría afectar la continuidad de tratamientos de personas con enfermedades graves como cáncer, VIH o enfermedades raras, quienes dependen de una atención médica permanente y especializada.

Por ahora, el decreto permanecerá suspendido mientras el Tribunal Administrativo de Antioquia analiza de fondo la acción popular, decisión que podría tener importantes repercusiones en la reorganización del sistema de salud en Colombia.